Democratizar las comunicaciones

Lilian Celiberti-2

Democratizar las comunicaciones: un requisito básico de la democracia

Lilian Celiberti1

Por primera vez en Uruguay está en debate una Ley que tiene entre sus cometidos la regulación del mercado audiovisual, el pago de un canon por el uso de las frecuencias y medidas antimonopólicas. El proceso de elaboración de las bases de una LSCA se inició en 2010 con la conformación de un Comité Técnico Consultivo convocado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y contó con la participación de una diversidad de actores vinculados a la comunicación, asociaciones de propietarios de medios, asociaciones de publicistas, asociaciones de productores, academia, y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba la Coalición por una Comunicación Democrática.

Para abordar ese debate las organizaciones sociales que promueven la democratización de las comunicaciones crearon un espacio de articulación y colectivamente fueron haciendo propuestas en los diferentes capítulos de debate. El proceso de 4 meses de trabajo del CTC, concluyó con acuerdos básicos como responsabilidad social de los medios, libertad de expresión, diversidad y transparencia. Pero enfrentó dentro del propio gobierno diferencias importantes que dilataron la presentación del proyecto de Ley al parlamento. Algunos sectores del FA formularon matices y realizaron correcciones al proyecto durante el debate parlamentario.

El debate no fue menos complejo entre los diversos actores involucrados, en particular los vinculados a las empresas de comunicación, a pesar del clima positivo en el que se debatieron los acuerdos y las diferencias en los 4 meses del Comité Técnico Consultivo. El senador Larrañaga entre otros actores políticos califican la ley como “Ley mordaza” y una y otra vez sin demasiada fundamentación, se agita el fantasma de “ataque a la libertad de expresión”. Con diferentes matices los actores vinculados a la propiedad de los medios o sus gremiales representativas, cuestionaron aspectos sustantivos del proyecto. Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por ejemplo, el proyecto contiene “discrecionalidades, excesiva regulación y contradicciones” que constituyen “potenciales amenazas”  para la libertad de expresión. A pesar de que la SIP es una organización que representa a los medios escritos, Claudio Paolillo, Director del Semanario Búsqueda y Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, sostiene que le corresponde de todas formas pronunciarse sobre el proyecto en tanto el cometido de la comisión que preside, vela por la libertad de expresión. Según Paolillo, el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo, contiene contradicciones, si bien no se puede hablar de una “ley mordaza” como es catalogada por los dirigentes de la oposición, el proyecto “tiene potenciales amenazas”. (C. Paolillo 2013). En el mismo sentido, una delegación de ANDEBU afirmó en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y ahora en la del Senado que la ley de SA es “una ley de censura”, “anacrónica” y atenta contra la libertad de expresión, por lo cual la asociación pidió a los legisladores que la modifiquen.

El debate en la Cámara de Diputados introdujo modificaciones significativas al proyecto en lo que se refiere particularmente a la estructura institucional de contralor de la Ley. El texto aprobado eliminó al Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) y dejó la implementación y control de la ley en manos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) que es un organismo gubernamental. La Coalición por una Comunicación Democrática manifestó su opinión contraria a estos cambios. Para la presidencia de la Comisión de industria “esta fue la “solución” que se encontró para no violentar la prohibición constitucional de crear nuevos cargos en los doce meses previos a la elección nacional”. La Coalición por una Comunicación Democrática manifestó públicamente su preocupación por la decisión de retirar del texto de la futura LSCA la figura institucional del Consejo de Comunicación Audiovisual y entregar todas esas competencias a la URSEC, un órgano que no cumple con los estándares de independencia y autonomía del Poder Ejecutivo. La bancada del Frente Amplio reafirmó en los últimos días su compromiso de volver a la idea de un CCA como organismo independiente y adecuar la ley que se aprobará en el parlamento a los estándares internacionales en materia de regulación de medios de comunicación.

El trabajo del Comité Técnico Asesor realizado en el 2010 sugería y así se formuló en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que el CCA debía ser un órgano independiente desconcentrado del Ministerio de Industria, Energía y Minería y que sus cinco integrantes fueran designados por el parlamento, en un mecanismo similar al utilizado para la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Su función será la de “proponer, implementar, monitorear y fiscalizar” el cumplimiento de las políticas en la materia.

El proyecto tiene avances importantes pero también ausencias significativas en particular en lo que se refiere al rol de los medios en la reproducción de estereotipos y la violencia simbólica. Ello no es de extrañar si consideramos las enormes resistencias de los medios en hablar de las propuestas comunicacionales y más ampliamente de su responsabilidad cultural y educativa. Resulta importante incorporar en el texto de la ley algún aspecto que articule la igualdad con la libertad de expresión, ello es particularmente significativo para evitar que se promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, o la utilización de mujeres, adolecentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad.

La libertad de expresión entra en controversia cada vez que se debate sobre el rol de los medios. El concepto de libertad de expresión se vincula directamente a la libertad de las empresas, lo que significa que la comunicación pública y el debate colectivo solo se organiza en función de los recursos disponibles para dirigir y gestionar un medio o para aparecer en él, excluyendo de la arena política a importantes sectores que no tienen los medios para plantear sus demandas, opiniones o soluciones a los problemas. Según Owen Fiss catedrático de la Universidad de Yale, la libertad de expresión puede entrar en conflicto con otros valores constitucionales como la igualdad. Esto ocurre por ejemplo” cuando en el ejercicio de expresar u opinar ciertas personas difamen o desprestigien una religión o una raza de forma tal que este tipo de expresión ponga en peligro la reputación de dicho grupo.” Para Fiss “lo que está en juego en estas discusiones no es simplemente un conflicto entre libertad e igualdad, sino también entre libertad y libertad” es decir que enfrenta dos “maneras de entender la libertad”.2 Lo irónico es que el concepto de libertad de expresión, nació para proteger la calidad del debate público y garantizar la presencia del ciudadano/a común en él, y es precisamente este derecho a la comunicación el que se restringe cuando no existen regulaciones que protejan el acceso de la diversidad de actores a los medios.

La democracia exige del Estado no sólo velar por la distribución de la riqueza sino procurar una distribución equitativa de la palabra. La revolución tecnológica ha ampliado y universalizado el mercado de consumo de los medios audiovisuales y ello hace ineludible el debate democrático acerca de la expresión de la pluralidad y diversidad de voces en él.

¿Cómo pueden los ciudadanos y ciudadanas acceder al ejercicio de la libertad de expresión?

El desafío para una sociedad democrática es precisamente garantizar el derecho de acceso de los diversos sectores y colectivos e intereses que componen una sociedad, en medios de comunicación que son gestionados en forma privada por empresas. En un sistema democrático las leyes cumplen la función de garantizar los derechos de quienes por razones de género, de diversidad sexual, de raza o de clase o de religión, o edad, no pueden ejercer sus derechos. Pero también cumplen un papel fundamental en la regulación del mercado, estableciendo límites al monopolio para garantizar la pluralidad de voces. Por tanto, el debate actual para la promulgación de una Ley de Servicios Audiovisuales significa un paso significativo para la profundización democrática.

1 Feminista, Coordinadora de Cotidiano Mujer. Integrante de la Coalición por la democratización de las Comunicaciones.

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